El secretario general de Infraestructuras afirma que habrá pagos como en la UE «por responsabilidad». El consejero Soro dice que para la comunidad es «doblemente injusto» que ahora se pida un peaje.
No parece que vaya a haber marcha atrás en la decisión del Gobierno de Sánchez de cobrar por circular en las principales vías del país. Ya se habló en mayo de la implantación de un pago simbólico en las autovías, circunstancia que quedó aplazada por los debates a la espera de una decisión firme del Ejecutivo central que hoy está más cerca. El Gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por autovías al considerar que «el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa», manifestó ayer el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que expuso en el foro Conversa la necesidad de «abordar con rotundidad una reforma que introduzca una tarificación», por no decir peaje, una determinación con la que no está de acuerdo el Gobierno de Aragón, pese a admitir que no es «una sorpresa» su imposición.
El objetivo, según Vázquez, es disponer de una herramienta financiera «para no pagar con los impuestos de todas nuestras carreteras», y que a la vez sirva para «modular los usos de transportes más contaminantes y que sirva de beneficio también a las alternativas de transporte más sostenible, como es el ferrocarril», indicó el secretario de Infraestructuras, seguro de que «hay que hacerlo» porque es «una cuestión de responsabilidad que tenemos que asumir» al igual que ocurre con los otros países de la Unión Europea.
Vázquez pidió no hablar de «peaje» porque con ese término vienen a la mente tarifas similares a las autopistas, e incidió en la idea de que «no tiene sentido» que el mantenimiento y conservación de la infraestructura viaria «se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes, como las políticas sociales».
Desde el área de Vertebración del Territorio de Aragón se ha mostrado desde el primer momento una posición contraria a esta medida. José Luis Soro, consejero del área, apuntó que la comunidad «viene sufriendo una discriminación histórica en materia de infraestructuras, y ahora que empezamos a ver obras finalizadas o momentos históricos como la liberación del peaje de la AP-2, es doblemente injusto que se pida un peaje».
Para Soro, la medida «no es progresiva y afectará de manera muy negativa a un sector, el del transporte, que ya viene padeciendo grandes dificultades». La gratuidad del uso de las autovías es una medida de seguridad vial para todos. «No nos planteamos una medida de este tipo para las carreteras autonómicas ni para los 5,3 kilómetros de la ARA-1». En Aragón hay cerca de 815 kilómetros de este tipo de vías, que son estatales, mientras que otros 157 kilómetros son de competencia autonómica.
La medida no gusta porque supone «el pago por usar unas infraestructuras públicas, que se han financiado con los impuestos que ya ha pagado la ciudadanía, por lo que se considera que ese uso «no puede utilizarse» para recaudar más impuestos. En CHA recordaron que de las diez autovías proyectadas para Aragón, en los diferentes planes del Gobierno de España, «ni una sola está concluida» a fecha de hoy. «Es más, alguna de ellas ni siquiera ha empezado las obras, como la A-25», afirmó Joaquín Palacín, presidente de la formación.
No lo ven así en el Gobierno de España, donde recalcan que el modelo español de que toda la red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa. Tenemos un problema con la conservación de nuestras carreteras. Este año vamos a destinar 1.400 millones de euros a su conservación, un esfuerzo muy grande que todos los ciudadanos pagan con sus impuestos», ahondó Vázquez, decidido a que a ese gasto «contribuyan los que más las utilicen».
Desde Ciudadanos se aseguró ayer que los peajes en las autovías que va a implantar el Gobierno son «un insulto a Teruel». La formación liberal considera esta medida «profundamente injusta» para la provincia con peores infraestructuras y peor comunicada de España, al tiempo que lamenta el grave perjuicio que va a suponer a miles de vecinos del medio rural y a sectores económicos clave como el turismo o el transporte. El portavoz de Cs en la provincia, Ramón Fuertes, lamentó que los turolenses «hemos pasado de reivindicar que se construyan infraestructuras dignas a tener que reclamar que no nos cobren» por usarlas. «El colmo del plan del Gobierno es que también quiere cobrar por usar las carreteras nacionales, que en Teruel son lamentables por la falta de inversión», afirmó.
Los transportistas y las agrupaciones que les representan se muestran tajantes ante la propuesta del Gobierno central de cobrar por el uso de las autovías: sería «un nuevo palo en las ruedas» para un sector que no atraviesa por su mejor momento. «El gasoil ha subido más de un 28%, el año pasado sufrimos la crisis del covid y este año, ante la escasez de microchips, también se mueven menos mercancías. Si encima tenemos que pagar peajes eso sería un clavo más para acabar de cerrar nuestro ataúd», afirma el presidente de Tradime Aragón, la asociación empresarial de transportes discrecionales de mercancías por carretera, José Antonio Moliner.
Esta entidad, que representa a autónomos y pequeñas y medianas empresas, admite aún así que todavía desconocen los detalles con los que el Gobierno central pretende cobrar por el uso de las carreteras, pero Moliner explica que no es una buena solución para nadie. «No solo sería injusto con nuestro sector, también con el resto porque los precios van al alza y esto sería un extra más», dice.
Por su parte, desde la Federación de Transporte de Mercancías de Zaragoza (Fetraz), que representa a las grandes empresas del sector, insisten en que, «a pesar de que este anuncio no es una sorpresa», sería un error cobrar por el uso de las carreteras.
«El 40% de lo que cuesta el combustible son impuestos por lo que ya pagamos suficiente. Además, nosotros damos un servicio esencial y si se encarecen nuestros costes eso repercute en toda la cadena, por lo que se acabarán encareciendo los alimentos», explica el secretario general de esta organización, Fernando Viñas.
A través de la Confederación Española del Transporte, Fetraz está tratando de negociar con el ministerio para evitar que los peajes afecten también a los profesionales de las carreteras. «No sé si tendremos éxito, pero es lo que vamos a reclamar», dice Viñas.
Los pagos serán por un sistema de tarificación y no por peajes
Los nuevos cobros en las carreteras españolas se arbitrarán por un «sistema de tarificación» por el que los conductores pagarán por el uso que hagan de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas). En todo caso, las tasas no tendrán «nada que ver con los peajes que hoy conocemos», dijo el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez.
En un principio, el Gobierno tomaba como referencia la ‘viñeta’, una fórmula muy extendida en la UE y que consiste en una pegatina que se pega en el coche y permite a los conductores circular libremente por vías tarificadas. Pero el Parlamento Europeo acordó en verano impulsar otro sistema y entre las opciones que se barajan cobra fuerza el pago por kilómetro, que rondaría el precio de un céntimo por kilómetro recorrido.
