El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto ley con una normativa que garantiza que el sector del transporte no trabaje por debajo de los costes, es decir, a pérdidas. Con los mismos principios de la ley de la cadena alimentaria, el documento exige que los contratos sean por escrito y con el precio indicado. Estas medidas, creadas para paliar el aumento del precio de los combustibles, contemplan también que los ciudadanos puedan realizar ciertos itinerarios gratis en tren los próximos cuatro meses.
Los objetivos principales son dos: incentivar el uso del transporte público y la protección de los trabajadores vulnerables en la negociación de los precios de los servicios. Por ello, se ha aprobado otro paquete de ayudas al sector de 450 millones de euros y la compensación a las empresas con concesiones de transporte público por el incremento del coste de los carburantes. Estas iniciativas son una réplica de las aprobadas a finales de marzo; con pagos directos de 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y ambulancia, 300 euros para ambulancias, taxis y VTC y 15.000 para locomotoras diésel.Thanks for watching!PUBLICIDAD
Según ha anunciado este lunes en rueda de prensa María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, es una disposición “coyuntural” para resolver una dificultad puntual. “Para cambios estructurales se tendrían que tomar decisiones a nivel europeo”, ha añadido cuando se le ha consultado acerca de la reclamación del Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) de una bonificación de 40 céntimos ante la subida del combustible el pasado junio. “Hay que ver cómo evoluciona el precio”, ha asegurado. El resultado se recogerá en seis meses, con un análisis de efectividad de las medias y la presentación de un proyecto de ley sobre la subcontratación.
El texto ahora aprobado incluye nuevas sanciones. Contiene un código de buenas prácticas sobre niveles de subcontratación y condiciones de los intermediarios del transporte. Además, recibirán ayudas nuevos beneficiarios que no se consideraron en el primer paquete de ayudas: los autobuses urbanos, camiones de mudanza y taxis de Ceuta y Melilla, entre otros.
Para la secretaria, incentivar el uso del transporte público tiene una triple consecuencia: “Es un paraguas social, contribuye a la descarbonización y reduce el consumo energético”. El decreto prevé estimular su uso a través de ayudas a las administraciones para que éstas disminuyan el precio de los abonos de transporte de su competencia en un 30%, el de las concesiones de autobús del Estado en un 50% y a través de nuevas medidas de fomento del transporte ferroviario, que se harán efectivas del 1 de septiembre al 31 de diciembre.
No obstante, son las comunidades autónomas las que tienen la última palabra a la hora de aplicar las reducciones de precios en los abonos mensuales, ya que se trata de una opción voluntaria. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha anunciado que asumirá el pago de la cantidad que los consorcios regionales abonan a Renfe por los viajes en Cercanías con la condición de que ese dinero se dedique a bajar el precio del abono transporte.
Respecto a las obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte ferroviario –que presta en exclusiva Renfe y cuyas pérdidas son compensadas por el presupuesto público: Cercanías, Rodalies, media distancia convencional, Avant o red de ancho métrico–, se abre la opción de gratuidad. Para usuarios recurrentes, este transporte no tendrá coste a excepción del Avant, cuyo precio de abono bajará un 50%. Además, se crearán nuevos abonos en servicios comerciales de alta velocidad para usuarios con movilidad cotidiana.
El requisito para el abono gratis de cuatro meses en Cercanías es usar como mínimo 16 viajes (cuatro al mes). Para beneficiarse del mismo, se deberá pagar una fianza de 10 euros que será devuelta a la tarjeta directamente o en la taquilla, si se abonan en efectivo. Por ejemplo, en Barcelona esto implica el ahorro de más de 92,15 euros, que es el coste de uno de los abonos trimestrales más utilizados. Rallo anunció que Renfe contará con unos 1.000 trabajadores, encargados de informar a los viajeros sobre esta medida.
En el caso de media distancia convencional y ancho métrico las condiciones son las mismas, solo aumenta la fianza a 20 euros. Según datos del Ministerio, el precio medio por viaje son 7,59 euros, aunque llega a los 18,05 euros en recorridos como el de Madrid a Jaén.
Con el objetivo de reforzar la competitividad de la actividad aeroportuaria, el Ministerio de Transportes va a relajar las medidas que se implantaron para la gestión de pasajeros durante los meses más duros de la pandemia. Prácticamente todos, excepto el uso de mascarillas, que seguirá, por ahora, siendo obligatorio.
Medidas como la señalización o la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en las instalaciones se habían hecho obligatorias en 2020 para una mejor gestión de los viajeros aéreos y personal de aviación en los aeropuertos españoles. Con la disminución de casos positivos de Covid-19, las autoridades españolas las van a suprimir, aunque se mantiene la capacidad de recuperarlas en caso de rebrote. “Esto no incumbe a las mascarillas, que dependen del Ministerio de Sanidad”, ha apostillado la secretaria general de Transportes. De hecho, en mayo se eliminó la recomendación del uso obligatorio de mascarillas en los aeropuertos y a bordo de un vuelo, pero se mantuvo en aquellos trayectos que empezaran o finalizasen en países donde fueran obligatorias en el transporte público, como España.
Por contra, otra de las medidas que ahora se ponen en marcha es una nueva regulación de la inversión acometida para facilitar y agilizar el control de llegadas y salidas de pasajeros extracomunitarios en los aeropuertos que gestiona AENA, con el objetivo, por ejemplo, de minimizar las largas colas de turistas procedentes de Reino Unido. También, prevé implementar la revisión de precios en los contratos de obra de la compañía para evitar retrasos en las inversiones.
Y dentro del transporte marítimo, se autoriza a las navieras españolas a contratar servicios de seguridad privada de empresas extranjeras para su protección ante casos de piratería. Los ucranianos serán considerados también ciudadanos del Espacio Económico Europeo.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/
